La Corte Constitucional de Colombia pidió proteger a las prostitutas venezolanas que laboran ilegalmente en el país y resguardar en general los derechos de los migrantes, al considerar “inaceptable” que se hagan deportaciones masivas sin evaluar cada caso en particular.
En un fallo sobre el cierre de un local dedicado a la prestación de servicios sexuales en el fronterizo departamento de Norte de Santander (noreste), divulgado el lunes en la noche, la alta corte hizo un apartado para referirse a los derechos de las prostitutas extranjeras que llegan a trabajar a Colombia y también de otros migrantes.
Esto, debido a que en el local sobre el que se dictó la sentencia trabajaban cuatro prostitutas venezolanas.
“Dicha situación es, a todas luces, preocupante. La trata de mujeres es un delito cotidiano que debe combatirse”, dijo la corte sobre estas mujeres.
Considerando que seguramente cruzaron la frontera “para mejorar sus condiciones de vida”, el máximo tribunal alertó que están en “una situación de vulnerabilidad que facilita su explotación sexual, e incluso la trata de personas”.
Por eso, pidió que las autoridades migratorias y las que velan por los derechos humanos en Colombia “analicen cada caso en concreto de cada una de las personas extranjeras que encuentren realizando actividades de prostitución”.
“Se deben valorar las razones por las que decidieron venir a Colombia, los riesgos que corren si son expulsadas del país y la situación concreta que enfrentarían en Venezuela en caso de ser devueltas”, puntualizó.
En referencia a los migrantes en general, la Corte dijo también que “no es permisible, ni aceptable, bajo los parámetros del Derecho Internacional (…) que se hagan deportaciones masivas, sin analizar la situación particular de cada persona”.
“Los migrantes que sean encontrados, deben ser protegidos de forma plena, garantizándoles el ejercicio de sus derechos, la obtención de la documentación necesaria para permanecer en el territorio colombiano y, de ser el caso, la calificación de refugiados”, añadió.
En sus decisiones, los magistrados dan tres meses a las autoridades para visitar los sitios de trabajo sexual en el municipio de Chinácota, donde se ubica el local objeto de la sentencia, y “en caso de encontrar extranjeros realizando estos trabajos, sin la debida documentación, deberán iniciar y acompañar los trámites para expedir los respectivos permisos que les permitan continuar laborando dignamente”.
Por la crisis económica y política que vive Venezuela ha aumentado la llegada de venezolanos a Colombia, aunque no hay cifras oficiales sobre cuántos se puedan encontrar laborando ilegalmente en el país.AFP
